BASTA DE AGROTOXICOS EN LOS ALIMENTOS

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 ACCION ANTE EL SENASA POR LA PROHIBICIÓN DEL DICLORVOS – 16 de Enero de 2018

Esta entrada es un resumen del documento original. Se puede ver el documento completo y las firmas que lo apoyan haciendo click sobre el subrayado.

El 4 de enero de 2018, el SENASA abrió una Consulta Pública (Nro 309) para un proyecto de Resolución por la prohibición de los agrotóxicos DICLORVÓS y TRICLORFON en la Argentina (http://minilink.es/3ol0). Ambos productos son utilizados en el proceso post cosecha de granos (almacenamiento y transporte), aunque el DICLORVÓS fue hallado también en muestras de Trigo, Maíz, Girasol, Arroz, Espinaca y Acelga en los Mercados de Abasto, Central, de La Plata y General Pueyrredón, según lo informó el mismo SENASA, en el mes de Marzo de 2017, ante el requerimiento de información pública.

El Diclorvós es un agrotóxico (insecticida) que inhibe las enzimas esenciales del sistema nervioso humano. La exposición crónica a los mismos afecta gravemente a la salud. Por estas mismas afectaciones, anteriormente, el SENASA prohibió la importación, comercialización y uso (en la versión jardín) en todo el territorio argentino, de los agrotóxicos metamidofós y metil Azinfos (http://minilink.es/3okz), y el uso total del Diazinón y Malatión (http://minilink.es/3oky).

La prohibición proyectada por el SENASA del DICLORVOS y TRICLORFON, solo refiere a su uso en el proceso post-cosecha de los granos, pero nada dice respecto al uso en el resto de los cultivos, frutas, verduras y hortalizas. Es más, la prohibición hace referencia a sólo estos productos (mas el Diazinón y Malatión), sin considerar el resto de los agrotóxicos que poseen el mismo efecto sobre el sistema nervioso.

En este sentido, la política de seguridad e inocuidad alimentaria del SENASA es una política a cuenta gotas, que en verdad, atenta contra la salud pública, y representa una conducta delictual. Pues, si la autoridad pública considera que un agrotóxico que posee la capacidad para afectar seriamente el sistema nervioso humano debe ser prohibido, todos los que posean idéntica capacidad, deberían seguir el mismo destino.

Al mismo tiempo, el SENASA persiste en mantener una tabla de límites máximos de residuos (LMR) de agrotóxicos en alimentos que va en sintonía con el Codex Alimentarius, protocolo internacional que responde al Acuerdo de Aplicación de Medidas Sanitarias y “Fitosanitarias” (MSF), de la Organización Mundial del Comercio, organismo internacional gobernado por las grandes corporaciones alimenticias globales y que está en las antípodas de la defensa de la salud pública (http://minilink.es/3okw).

La Unión Europea ha prohibido totalmente la presencia de residuos del DICLORVOS en los alimentos, al tomar conciencia de las implicancias de estos agrotóxicos en los alimentos. En cambio, el SENASA sólo se preocupa por los valores de DICLORVOS y TRICORFON que pueden tener el Maíz, el Trigo o la Soja que se exporta a Europa, en razón de no afectar el comercio exterior. Sin embargo, no toma medidas respecto a la carga química que poseen las frutas, hortalizas y verduras que consumen a diario millones de personas en la Argentina.

A esta política de prohibición “selectiva” que beneficia el negocio de las grandes transnacionales productoras de agrotóxicos, se suma la lógica perversa de que la autorización de estos productos se realiza a partir de estudios y trabajos presentados por esas mismas empresas interesadas en su comercialización, a través de protocolos inadecuados. En efecto, empresas como Monsanto, Bayer, Dow Chemical, Basf y Dupont, sólo han realizado estudios de efectos crónicos a 90 días en ratas, cuando la ciencia digna, abstraída de intereses comerciales, ha demostrado que las conclusiones de esos estudios son muy endebles al no comprender el ciclo total de vida (o al menos la mitad) de los animales cuyo promedio de vida es de 24 meses. Los estudios e investigaciones científicas que se han realizado a largo plazo sobre los agrotóxicos están demostrando claramente los efectos crónicos y carcinegenéticos que tienen sobre la salud humana.

Estas preocupaciones y reclamos quedaron plasmados en el reporte realizado por las Relatorías Especiales del Derecho de Alimentación Adecuada y de Derechos Humanos y Sustancias y Desechos Químicos de la ONU, en el mes de Marzo de 2017, ante el 34 ° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (http://minilink.es/3oks). En él las Relatorías plantean que “la implementación del derecho a la alimentación y salud adecuada necesita medidas que eliminen los pesticidas. Hemos llegado a un punto de inflexión en la agriculturas, el modelo agroindustrial es altamente problemático. El método más eficaz para reducir a largo plazo, la exposición de la población a los agrotóxicos, es tomar distancia de la agricultura industrial.”

Estos dichos fueron ratificados en Julio de 2017, por la Relatoría Especial sobre las Implicaciones para los Derechos Humanos de la Gestión y Eliminación Ecológicamente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos de la ONU, avalando lo que las organizaciones que suscriben denuncuan desde hace años en Argentina. “ A pesar de las pruebas sobre los efectos y los riesgos, ha habido casos en que los procedimientos de algunos Estados han permitido a intereses privados utilizar las incertidumbres científicas como base para demorar la adopción de medidas destinadas a reducir los riesgos. Esto ha dado lugar a retrasos extremos, algunos de hasta decenios, en la traducción de las pruebas sobre los peligros y riesgos en medidas necesarias para proteger a los trabajadores, los niños y otros grupos en situación de alto riesgo. Se trata de una explotación lamentable de la incertidumbre científica por los intereses privados. Siempre habrá incertidumbre científica. Varios Estados han adoptado el principio de precaución para ayudar a garantizar la adopción de medidas a pesar de esas incertidumbres60. Este principio es esencial para la realización progresiva de numerosos derechos humanos afectados por las sustancias y los desechos peligrosos” (http://minilink.es/3ol1).

Por todo esto exigimos,

-La implementación efectiva e inmediata del principio de precaución que nos lleva a la necesidad de actuar, a fin de despejar o no, de inmediato, las serias dudas sobre la inocuidad de los alimentos con residuos de agrotóxicos, y proceder en consecuencia.

-Que el SENASA garantice su actuación como Autoridad Competente (resolución 590/1999- http://minilink.es/3oku), realizando Análisis de Riesgo de los mal llamados “fitosanitarios”, a los efectos de su reclasificación, suspensión o prohibición, basándose en evidencias significativas de riesgo, que impliquen la generación de efectos oncogénico, genético hereditario, teratogénico, fetotóxico, reproductivo, o un efecto crónico o tóxico demorado.

Que además de la prohibición total del DICLORVOS y el TRIFORCON, el SENASA ordene de inmediato un proceso de reválida de todos los agrotóxicos autorizados en Argentina, obligando a todas las empresas a presentar estudios a largo plazo que acrediten la inocuidad alimentaria de los mismos. Es más, siguiendo las recomendaciones del reporte de la Relatorías Especiales del Derecho a la Alimentación Adecuada y Derechos Humanos y Desechos Químicos de la ONU, y contemplando el principio precautorio, hasta tanto eso no ocurra deberían ser suspendidos sus usos en el sistema agroalimentario, si se aplicara la ley estrictamente.

-Que ese proceso de reválida debe tener como premisa esencial, que todo agrotóxico que haya sido declarado por la IARC (Agencia de Investigación del Cáncer de la OMS) como posible o probable cancerígeno, no debería ser revalidado para su uso agroalimentario. También deberían correr la misma suerte, aquellos cuyo mecanismo de acción sea inhibir las colinesterasas o que haya evidencias que tienen efectos genotóxicos.

-Que la resolución que fija los valores límite máximo de residuos de agrotóxicos (934/2010), SENASA, sea homologada a la resolución de la Unión Europea (EC 396/2005) avanzando en los principios plasmados en la Ley General de Ambiente (N°25.675) de universalidad y progresividad jurídica.

Invitamos a todas las personas, espacios, colectivos, asambleas, organizaciones sociales, ambientales, gremiales, políticas y autoconvocados a participar de la Consulta Pública del SENASA (culmina el Jueves 18 de Enero a las 17 horas), enviando la solicitud de prohibición del DICLORVOS al correo que dicho ente dispuso para la consulta pública: consultapublica309@senasa.gob.ar, con el Asunto: CONSULTA PUBLICA 309 – PROHIBICIÓN DEL DICLORVOS

En este link, http://naturalezadederechos.org/diclorvos1.htm se encuentra a disposición un texto base, para copiar y pegar en el cuerpo del mail que debe enviarse al SENASA. Recomendamos enviar con copia oculta al siguiente correo: diclorvos1@naturalezadederechos.org. Así se tiene un control del número de presentaciones y se previene ante cualquier maniobra del SENASA.

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